La futura ley para la regulación de los alquileres de temporada y por habitaciones se votará en el Congreso el próximo mes de febrero, según ha informado el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid en un comunicado en el que aseguran que el Gobierno se ha comprometido a llevarla a votación.
Esta normativa supone una modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) e incorpora por primera vez la regulación de los alquileres de temporada y de habitaciones, que habían quedado fuera de la Ley de Vivienda. Además, incluye un conjunto de medidas destinadas a proteger a los inquilinos frente a subidas abusivas de precios y prácticas fraudulentas.
Desde el sindicato señalan también que la propuesta contempla una prórroga extraordinaria de tres años para los contratos en zonas tensionadas, una medida que consideran imprescindible para evitar expulsiones derivadas del auge de los colivings y los alquileres de corta duración. No obstante, advierten de que esta protección solo se aplicaría en Cataluña, País Vasco, Galicia y Navarra, dejando fuera a “muchos hogares” en el resto del país.
La iniciativa legislativa, registrada por los sindicatos de inquilinos, cuenta con el respaldo del PSOE y el PNV, que se sumaron en noviembre, así como de los partidos que ya habían manifestado su apoyo: ERC, Bildu, Sumar, Podemos y BNG. Según el sindicato, solo faltarían los votos de Junts para que la ley pueda ser aprobada.
En este contexto, el sindicato ha pedido que la tramitación de la norma quede al margen de la “batalla partidista” y de los “giros de guion efectistas”. “Instamos a todos los partidos y entidades a hacer todo lo posible para que así sea”, han declarado.
Estas declaraciones llegan tras el anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de un real decreto ley que incluirá incentivos fiscales para los propietarios que no suban el alquiler al renovar contratos, una regulación contra el “fraude” en los alquileres de temporada y una limitación al “abuso” del alquiler por habitaciones.
Sin embargo, el sindicato se ha mostrado muy crítico con estas medidas fiscales. Consideran que las bonificaciones “son un regalo para los caseros que no protegerá a los inquilinos” y que no servirán para frenar el llamado “negocio del rentismo”, basado en expulsar a un inquilino para volver a alquilar la vivienda con subidas del 30% o incluso del 50%.
“Congelar alquileres que la gente ya no puede pagar no resuelve el problema: hace falta bajarlos, no recompensar a quienes los mantienen. Además, la medida no es obligatoria y permite al propietario elegir entre la bonificación, subir la renta o expulsar al inquilino”, han denunciado.
El sindicato también critica que, mientras las personas trabajadoras pagan impuestos, los propietarios reciben bonificaciones por cobrar alquileres, lo que, a su juicio, provoca que los inquilinos no solo destinen el 60% o 70% de su salario a la vivienda, sino que además contribuyan indirectamente a través de sus impuestos.
“Esto convierte el mercado del alquiler en un paraíso fiscal para el rentismo, mientras millones de personas viven con miedo a perder su casa. Hace un año, Sánchez anunció una medida similar que sí incluía bajadas según el índice oficial; los rentistas no pueden seguir siendo un sector privilegiado al margen de las normas comunes”, han añadido.
Finalmente, el sindicato reclama reformas más profundas para garantizar la estabilidad de los inquilinos, como avanzar hacia contratos de alquiler indefinidos, al estilo de países como Alemania, Suecia, Francia, Dinamarca, Noruega o Austria.
